En las dos entradas anteriores describí cómo se inició la epidemia de los opiáceos y luego cómo la misma se transformó en una verdadera crisis de la salud pública con el ingreso de los opioides sintéticos al mercado ilegal de drogas. El resultado fue catastrófico, especialmente en América del Norte donde el número de víctimas fatales por sobredosis superó amplia-mente los 210.000.
Esta entrada tiene como objetivo resaltar lo que se aprendió de una crisis que aún persiste. Se me ocurrió que la mejor manera de lograr este objetivo es traduciendo un artículo escrito por Jonathan Marks, un experto en bioética, publicado recientemente en The Conversation, una revista digital con rigor académico.
La crisis de opioides muestra que asociarse con la industria puede ser perjudicial para la salud pública
Unos años atrás, al finalizar mi presentación, alguien del público gritó, “¡muéstrame los cuerpos!”
Como experto en ética, leyes y políticas de salud pública, acababa de advertir a una audiencia de profesores y administradores universitarios acerca de los peligros de asociarse con corporaciones o de aceptar dinero de ellas, una práctica común en la investigación de la salud pública y la formulación de políticas.
Respondí que no siempre es posible probar un daño como ese. Sin embargo, hay otras razones para que el gobierno, las universidades y las organizaciones de salud pública mantengan una relación distante con las corporaciones. Entre ellas, preservar la integridad y la confianza pública.
Como lo demuestro claramente en mi libro (que trata sobre la influencia de las corporaciones en la salud pública), las asociaciones distorsionan los programas de investigación, no solo de investigadores individuales sino de áreas completas de investigación. También delimitan los problemas de la salud pública y sus soluciones de modo de favorecer lo más posible a los socios corporativos.
El problema se agudiza cuando las corporaciones crean o exacerban un problema de la salud pública. Piense en una compañía de refrescos que promueve el ejercicio como forma de mejorar su reputación y desviar la atención del papel que juegan sus marcas en la epidemia de obesidad. Las relaciones cercanas con las corporaciones pueden, sin embargo, ser problemáticas, aún cuando las compañías estén trabajando en medicamentos u otras soluciones potenciales para problemas de salud.
Fracasé en convencer a ese miembro escéptico de la audiencia. Sin embargo, una investigación reciente encontró los cuerpos o, al menos, señaló donde podríamos empezar a cavar: la crisis de los opioides. El nuevo estudio concluyó que la campaña de márketing de los opioides dirigidas a los médicos por parte de las empresas farmacéuticas estaba «asociada con un aumento en la prescripción de opioides y, posteriormente, con una mortalidad elevada por sobredosis». Existen registros judiciales que también sugieren que los médicos que recibieron la visita de representantes de companías de opioides tuvieron 10 veces más probabilidades de recetar opioides a pacientes que luego murieron por sobredosis.
Las campañas de márketing dirigidas a los médicos es solo una de las tantas estrategias empleadas por los fabricantes de opioides. Entre los años 2012 y 2017, cinco fabricantes de opioides donaron casi 9 millones de dólares a 14 grupos de defensa de pacientes y sociedades médicas. Si bien esta suma de dinero es insignificante si se la compara con las ganancias multimillonarias que obtuvieron las farmacéuticas con la venta de opioides, fue sustancial para aquellos que recibieron el dinero. Finalmente, las inversiones de las empresas dieron sus frutos.
Muchos de los grupos emitieron guías o pautas que minimizaron los riesgos de adicción de los opioides recetados. También, a través de grupos de presión (lobby), lograron derrotar la legislación que restringe la prescripción de opioides. Cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron un borrador con las directrices para limitar el uso de opioides en el año 2016, se observó que la oposición fue significativamente mayor entre las organizaciones que habían recibido financiamiento de la industria.
La solución más comúnmente promocionada para resolver los conflictos de intereses financieros, es la divulgación del conflicto. La Ley Sunshine del año 2010, exige que las compañías farmacéuticas hagan público los obsequios que hacen a los médicos y hospitales de enseñanza. La senadora demócrata Claire McCaskill presentó un proyecto de ley para que las disposiciones también incluyan los pagos realizados a grupos de defensa de pacientes.
Si bien la divulgación es necesaria, no es suficiente para contener la influencia que tienen las corporaciones en la ciencia, la medicina y la salud pública. Mientras juntaba información para escribir mi libro, encontré una gran cantidad de evidencias de que las empresas farmacéuticas y la industria de alimentos y refrescos, entre otras, tejen poderosas redes de influencia a través del apoyo a agencias de salud pública, universidades, grupos de defensa de pacientes y asociaciones de profesionales de la salud.
El gobierno y las academias tienen responsabilidades que están en conflicto con las ganancias de las corporaciones.
Es razonable esperar que las corporaciones ejerzan influencia en la medida en que esté permitido por la ley. Por ese motivo, creo que los gobiernos deberían tener la responsabilidad de aislarse de la influencia de las corporaciones ya que esa es la única manera que tienen de poder cumplir con la obligación de proteger y promover la salud pública. Lo mismo deberían hacer las universidades para proteger la integridad científica. Cuando el gobierno y las universidades se asocian con empresas quedan expuestas a las estrategias corporativas, poniendo en riesgo su propia integridad, así como la de la ciencia y la salud pública.
En el año 2017, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH), tuvieron la iniciativa de asociarse o colaborar con empresas farmacéuticas como guía para abordar la crisis de los opioides. En el proceso, incluyeron una compañía de opioides que en el año 2007 se había declarado culpable de engañar a los reguladores, médicos y pacientes acerca de los riesgos de adicción y que, según registros judiciales recientes, continuó con compañas de comercialización durante otra década. Estos documentos también indican que en el año 2017, mientras publicaba anuncios en periódicos diciendo que era un «socio» en la lucha contra la crisis de los opioides, la compañía estaba trabajando todavía en planes para expandir el mercado de los opioides.
Si bien se necesitan mejores opciones para el manejo del dolor y la industria de los opioides puede ser importante en el desarrollo de algunas de las opciones, el asociarse con la industria es peligroso, aún si los directivos (como ocurrió con el NIH), para lograr “mayor transparencia”, se comprometen a no aceptar pagos en efectivo.
No es necesario que el dinero cambie de mano para que las asociaciones generen reciprocidad e influencia, mejoren la reputación de las compañías farmacéuticas y desalienten el desarrollo de regulaciones más efectivas en la comercialización y prescripción de medicamentos. La colaboración también puede conducir a desestimar otras posibles soluciones a la crisis de los opioides y posibles remedios para el dolor, más allá de las terapias con medicamentos.
Si hay una enseñanza que dejó la crisis de los opioides, es que los intereses de las compañías farmacéuticas y los de la salud pública, divergen inevitablemente. Mientras que los fabricantes y distribuidores de opioides ganaban miles de millones de dólares, estaban sembrando las semillas de una crisis que contribuyó a la muerte de más de 218,000 estadounidenses, cifra que aún sigue en ascenso. Además, los costos sociales totales de la epidemia de opioides excede el medio billón millones de dólares por año.
Dado estos costos catastróficos, los responsables de dictar políticas no pueden permitirse repetir y agravar los errores del pasado. Al abordar el control del dolor y la adicción a los opioides, los mismos no deben desestimar un tercer peligro para la salud pública como es el que acarrea la propia «adicción» de asociarse con el sector privado. Sin embargo, antes de que los funcionarios de la salud pública puedan abandonar este tipo de colaboraciones, primero deben reconocer el problema.
Temas de Ciencia en la Salud 